La denominada Operación Cancerbero sufrió un revés judicial luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique resolviera que cuatro integrantes del llamado Clan Chen fueran retornados desde el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, hasta el recinto penitenciario de Alto Hospicio.
La resolución afecta a Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, todos de nacionalidad china, quienes se encuentran formalizados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Los imputados son sindicados como integrantes de una organización investigada por operaciones de blanqueo de capitales que superarían los $160 mil millones.
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Los cuatro habían sido trasladados hasta el nuevo complejo penitenciario de Talca en el marco de la Operación Cancerbero, estrategia implementada por el Gobierno para concentrar en La Laguna a internos considerados de alta peligrosidad. El operativo comenzó a mediados de agosto y contempló inicialmente el traslado de cientos de reclusos, alcanzando posteriormente cerca de 1.500 internos derivados al recinto.
La decisión del tribunal se conoció a partir de antecedentes difundidos por Informe Especial. Según esos antecedentes, el tribunal consideró que el reporte elaborado por Gendarmería no cumplía con el estándar necesario para sustentar la medida de traslado, lo que terminó dando lugar a la resolución que ordena el regreso de los cuatro imputados a Tarapacá.
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Desde el Ministerio de Justicia señalaron que las políticas relacionadas con la segregación de los internos corresponden a Gendarmería, institución que debe cumplir las decisiones judiciales, aunque mantiene la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan. La propia institución penitenciaria confirmó que su unidad jurídica evalúa medidas para intentar revertir el fallo.
Gobierno defiende la Operación Cancerbero
Tras conocerse la resolución, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el operativo y afirmó que “la Operación Cancerbero fue un éxito”. El secretario de Estado sostuvo que corresponde al director de Gendarmería, dentro de sus facultades legales y reglamentarias, determinar dónde debe permanecer cada imputado o condenado y cómo debe realizarse la segmentación penitenciaria.
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Rabat planteó además que la distribución de los internos responde a criterios relacionados con la seguridad y el combate al crimen organizado y al terrorismo, por lo que pidió respetar las atribuciones de Gendarmería para definir los recintos donde deben permanecer los reclusos considerados de mayor peligrosidad.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también abordó la resolución y la relacionó con la reforma de seguridad impulsada por el Ejecutivo. Según explicó, uno de los objetivos de esa propuesta es establecer un régimen penitenciario especial para personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, con condiciones más estrictas y permanentes.
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Arrau sostuvo que la intención es que, cuando una persona sea considerada integrante de una organización de este tipo, pueda quedar sometida a un régimen especial y ser destinada a recintos de máxima seguridad, reduciendo la posibilidad de que posteriormente se modifique su lugar de cumplimiento de condena mediante decisiones judiciales.
De esta manera, el retorno de los cuatro integrantes del Clan Chen a Alto Hospicio se transforma en uno de los primeros cuestionamientos judiciales relevantes a la estrategia penitenciaria implementada mediante la Operación Cancerbero. Gendarmería, en tanto, deberá definir las acciones que adoptará frente a la resolución.