De acuerdo con los antecedentes presentados en el juicio oral, la fiscal Camila Albarracín logró acreditar mediante prueba testimonial, pericial y documental que el acusado cometió los delitos de manera reiterada, aprovechando los períodos en que la madre de la niña debía ausentarse del hogar por motivos de salud.
Según informaron fuentes del Ministerio Público, la investigación demostró que el imputado se valió del rol parental que mantenía con la víctima para manipular el vínculo de confianza, someterla a las agresiones y exigirle mantener los hechos en secreto, circunstancia que permitió configurar la agravante de alevosía en los delitos.
La denuncia formal se interpuso en 2025, luego de que las afectaciones psicológicas derivadas de los abusos llevaran a la víctima a revelar lo ocurrido a su hermana, con quien posteriormente concurrió a formalizar la querella ante las autoridades competentes.
Durante el debate oral, la Fiscalía presentó el testimonio de la afectada y de su hermana, sumado a un registro de audio en el que el acusado reconoce los hechos y propone evitar una denuncia mediante un acuerdo económico. Asimismo, declararon profesionales del Hospital Regional de Iquique y del Servicio Médico Legal, quienes dieron cuenta de las graves secuelas psicológicas de la menor.