La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos pese a encontrarse legalmente impedidos de efectuar apuestas por las funciones que desempeñan en la administración o custodia de fondos públicos.
De acuerdo con el consolidado del organismo contralor, las operaciones fueron registradas entre enero de 2024 y junio de 2025, alcanzando un total de $11.490.456.871.
Uno de los antecedentes más relevantes del informe es que 181 personas concentran el 96,8% del monto total transado, equivalente a $11.118.431.956. En estos casos, la Contraloría advirtió que las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones, existiendo incluso situaciones individuales que superan los $1.000 millones.
La revisión fue elaborada a partir de un cruce de información entre el registro de funcionarios que, por ley, deben rendir caución por administrar o custodiar recursos públicos, y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos, datos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Según establece el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, este grupo de funcionarios tiene prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos de juego.
Tarapacá: 14 funcionarios transaron más de $13,9 millones
En la región de Tarapacá, el informe también identificó a 14 funcionarios públicos y municipales que realizaron transacciones en casinos por un total de $13.911.944, pese a mantener prohibición legal para ello.
De acuerdo con información recabada por Radio Paulina, el mayor monto regional corresponde a la Municipalidad de Alto Hospicio, donde tres funcionarios registraron movimientos por $7.353.024.
Le sigue Serviu Tarapacá, con un trabajador que efectuó transacciones por $3.409.980, mientras que en la Municipalidad de Iquique la revisión detectó que cuatro funcionarios realizaron apuestas por $2.517.440.
El detalle también incluye a dos trabajadores del Gobierno Regional de Tarapacá, con operaciones por $505.000; tres funcionarios de la Universidad de Tarapacá, con movimientos por $81.550; y un trabajador del Municipio de Pica, con transacciones por $44.950.
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Contraloría remitirá antecedentes a la Fiscalía y al CDE
A partir de estos antecedentes, la Contraloría informó que remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que el organismo ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.
Asimismo, enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, con el objetivo de que inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes y determinen eventuales responsabilidades administrativas.
Adicionalmente, el ente fiscalizador derivará la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los fines que estimen pertinentes dentro del ámbito de sus atribuciones.
Alto Hospicio y Serviu ya fueron notificados
Consultada por Radio Paulina, la Municipalidad de Alto Hospicio informó que fue notificada por la Contraloría el pasado 23 de marzo y que actualmente se encuentra en proceso de instrucción de un sumario administrativo. Debido a la naturaleza de la investigación, sus antecedentes se mantienen bajo reserva.
Por su parte, Serviu Tarapacá señaló que recibió la notificación formal el 24 de marzo, respecto de eventuales incumplimientos de prohibiciones legales vinculadas a funcionarios públicos.
A través de una declaración, el servicio indicó que iniciará los procedimientos administrativos correspondientes conforme a lo establecido en el Estatuto Administrativo vigente, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y adoptar las medidas que procedan en el marco de la normativa aplicable.
Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con el cumplimiento de la probidad administrativa, la transparencia en la gestión pública y la colaboración con las instancias fiscalizadoras competentes durante el desarrollo de las investigaciones.
